“Un llamado social impostergable”

Lic. Erika Ivonne García

En el debate contemporáneo sobre la familia, con frecuencia se habla de derechos, pero poco se reflexiona sobre la responsabilidad profunda y permanente que asume el hombre como esposo y padre. El Código Civil del Estado de Veracruz no concibe estas relaciones como vínculos efímeros, sino como compromisos jurídicos y humanos que se sostienen en la solidaridad, la igualdad y la protección de los más vulnerables: la esposa y los hijos.

Durante mucho tiempo, la figura del hombre dentro de la familia fue reducida a la del proveedor económico. Hoy, esa visión resulta insuficiente y jurídicamente superada. El derecho familiar veracruzano reconoce que el matrimonio y la filiación generan deberes que abarcan el respeto, el apoyo mutuo, la crianza responsable y la protección integral del núcleo familiar.

Como esposo, el hombre no es jefe ni autoridad absoluta, sino corresponsable. El Código Civil establece la igualdad entre los cónyuges, lo que implica compartir decisiones, cargas y responsabilidades. El respeto, la vida libre de violencia y la ayuda mutua no son concesiones morales, sino obligaciones legales. La aportación al hogar no se mide únicamente en dinero, sino también en tiempo, cuidado y presencia.

Como padre, la responsabilidad es aún más clara y exigente. La patria potestad no es un privilegio, sino un deber orientado al interés superior de los hijos. Proveer alimentos, educación, salud y afecto no admite excusas ni se extingue con la separación de la pareja. El derecho a convivir con los hijos es inseparable del deber de protegerlos y acompañarlos en su desarrollo.

Sin embargo, uno de los aspectos menos discutidos, pero quizá más importantes, es que la obligación del hombre no concluye con su muerte. El derecho civil veracruzano parte de una premisa fundamental: la familia no debe quedar desamparada por la ausencia del esposo y padre. Por ello, la ley reconoce derechos sucesorios y alimentarios a favor de la esposa supérstite y de los hijos, colocando la protección familiar por encima de intereses individuales o colaterales.

La herencia, el patrimonio familiar, los alimentos a cargo de la sucesión y la previsión mediante testamentos o seguros de vida no son simples trámites legales. Son la extensión natural del deber de cuidado. Prever el futuro de la esposa y de los hijos es una forma de cumplir, incluso después de la muerte, con la responsabilidad asumida en vida.

Desde esta perspectiva, resulta indispensable cambiar la narrativa: el hombre no “ayuda” a su familia, responde por ella. Su papel no es accesorio ni limitado en el tiempo. La ley lo concibe como un sujeto activo, obligado a proteger, sostener y prever, incluso cuando ya no esté presente.

En una sociedad que aspira a la justicia y a la igualdad real, entender que la responsabilidad familiar del hombre trasciende la vida misma no solo fortalece el derecho, sino que dignifica a la familia como institución de interés social. Porque ser esposo y padre no es una condición circunstancial: es un compromiso que, jurídicamente y éticamente, no termina con la muerte.

 

Durante décadas, muchos hombres han entendido el matrimonio como un contrato de conveniencia y la paternidad como una obligación limitada al ingreso económico. Esta visión reduccionista no solo es socialmente dañina, sino jurídicamente insostenible. El derecho familiar veracruzano no reconoce figuras decorativas dentro del hogar: reconoce corresponsables.

El matrimonio no otorga privilegios de mando ni exime de deberes éticos. La igualdad entre cónyuges implica respeto, ayuda mutua y decisiones compartidas. Sin embargo, aún persiste la idea de que el hombre “cumple” con su familia únicamente mientras provea dinero, ignorando que la ley exige algo más profundo: presencia, cuidado, respeto y una vida libre de violencia. Cuando estos deberes se incumplen, no estamos ante conflictos privados, sino ante fracturas al orden jurídico familiar.

La paternidad, por su parte, ha sido una de las áreas donde la irresponsabilidad masculina se normaliza con mayor facilidad. Padres ausentes, obligaciones alimentarias incumplidas y vínculos afectivos rotos suelen justificarse con separaciones, conflictos de pareja o incluso con el silencio social. No obstante, el Código Civil de Veracruz no admite estas excusas: los hijos no pierden derechos porque los adultos fracasen en su relación.

Más grave aún es la creencia de que la responsabilidad del hombre termina con su muerte. Nada más lejos del espíritu de la ley. El régimen sucesorio, los derechos de la esposa supérstite y la protección patrimonial de los hijos no son concesiones generosas del Estado, sino mecanismos de corrección frente al abandono futuro. La previsión legal existe porque históricamente muchos hombres no previeron.

Morir sin testamento, dejar a la familia en litigios interminables o permitir que terceros despojen a la esposa y a los hijos del patrimonio familiar no es un accidente: es una forma tardía de irresponsabilidad. La ley intenta reparar ese daño, pero no siempre lo logra. Por eso, la obligación de proteger no se agota en vida; se proyecta más allá de la muerte como un deber de previsión y cuidado.

Ser esposo y padre no es un rol circunstancial ni una identidad cómoda. Es una función social con consecuencias jurídicas reales. El derecho familiar veracruzano no romantiza la paternidad ni el matrimonio: los regula porque sabe que, sin reglas claras, los más vulnerables, es decir, la esposa y los hijos, son quienes pagan el costo de la omisión masculina.

Tal vez ha llegado el momento de decirlo con claridad: el verdadero incumplimiento no es perder el vínculo familiar, sino renunciar a la responsabilidad que éste implica. Y esa responsabilidad, conforme a la ley y a la ética social, no termina ni con la separación ni con la muerte.

La responsabilidad del hombre dentro de la familia no puede seguir tratándose como un asunto privado, negociable o secundario. Es un tema de interés social, de justicia y de dignidad humana. Mientras se tolere la ausencia paterna, el incumplimiento de obligaciones alimentarias y la falta de previsión patrimonial, se seguirá normalizando el desamparo de esposas e hijos.

La ley existe, pero no basta con que esté escrita. Requiere hombres conscientes de que el matrimonio y la paternidad no son títulos honoríficos, sino compromisos jurídicos con consecuencias reales. Requiere autoridades que hagan efectivas las normas y una sociedad que deje de justificar la irresponsabilidad bajo discursos culturales obsoletos.

Es momento de asumir que proteger a la esposa y a los hijos no es un acto de buena voluntad, sino una obligación que comienza en vida y se extiende más allá de la muerte. La previsión legal no es miedo al futuro; es responsabilidad frente a quienes dependen de nosotros.

Porque una sociedad que permite que las familias queden en el abandono también fracasa en su función más básica: proteger a quienes no pueden defenderse solos. Y ese fracaso ya no puede seguir siendo tolerado.

 

La ley ya ha trazado el camino, pero su eficacia depende de algo más que normas escritas: exige conciencia, previsión y voluntad de asumir responsabilidades. Exige hombres que comprendan que la paternidad y el matrimonio no terminan con la separación ni se extinguen con la muerte, y autoridades dispuestas a hacer valer ese principio sin tolerancias ni excusas.

 

“Por una vida llena de protección, incluso después de la muerte”